CARTELES PROPAGANDA ELECTORAL

La publicidad política queda fuera del alcance de las leyes que se aplican a la publicidad de carácter comercial ya que la publicidad política no se efectúa con la finalidad de vender bienes o servicios, sino que su único fin es ganar votantes mediante la transmisión de ideas y opiniones o simplemente transmitir estas. Por ello, a la publicidad política se le aplica exclusivamente todo lo concerniente al derecho a la libertad de expresión y sus límites. Dichos límites, al tratarse de la expresión de ideas y opiniones, no deberían ser otros que los que establece la propia Constitución. Sin embargo, una serie de normas dictadas por el estado al amparo de las mayorías parlamentarias extralimitan hoy en día, -si no la impiden-, la publicidad política.

Así, la Ley de Comunicación Audiovisual prohíbe la publicidad política en televisión, con lo que se cercena de raíz la posibilidad de que nuevas ideologías o nuevas formaciones políticas puedan utilizar un medio de masas como es la televisión para emitir publicidad que difunda sus ideas y puedan ser conocidas. Además, no queda claro en la ley qué es lo que debe entenderse por publicidad política, y si sólo se refiere a la publicidad de partidos políticos, o también a cualquier tipo de publicidad que transmita ideas u opiniones. Recuérdese al respecto lo sucedido en su día con el anuncio televisivo de Anmistía Internacional “el poder de tu voz” . Y opinamos que tal restricción impuesta por una ley no es respetuosa con el derecho fundamental a la libertad de expresión. Recordemos que las libertades de expresión y de información deben alcanzar una protección especial en las democracias ya que mediante ellas fluyen las ideas, se genera opinión pública y se alimenta el pluralismo. Por lo que limitar su difusión mediante la televisión, es vulnerar el derecho a la libertad de expresión. Cabe añadir, además, que con esta prohibición se deja en manos de los prestadores de servicios audiovisuales que, mediante otros tipos de formas comunicativas distintas a la publicidad, tales como programas con formato debate, entrevista o informativos… decidan a quien le dan la palabra y a quien no, con lo que es obvio que hay nuevas ideologías y formaciones políticas que difícilmente podrán divulgarse mediante un medio tan masivo como la televisión, si no cuentan con el apoyo mediático.

Pero las limitaciones a la expresión ideológica y política no se quedan ahí. Durante cualquier periodo electoral, la Ley de Régimen Electoral General prohíbe la publicidad y propaganda electoral desde la convocatoria electoral hasta el inicio de la campaña mediante cualquier medio, con lo que durante ese periodo no sólo se sigue sin poder hacer publicidad política en televisión, sino que, además, tampoco puede hacerse propaganda electoral por cualquier otro medio. Lo que supone otra traba para que nuevas formaciones políticas puedan difundir sus ideas y darse a conocer a la opinión pública. Y a la vez que ello, se favorece a las ideologías y formaciones existentes y conocidas, con lo que se impide o limita el pluralismo de ideas y opciones políticas.

Ya en la campaña electoral estricta, esta, en primer lugar, sólo dura 15 días, con lo que difícilmente se pueden dar a conocer en tan poco lapso de tiempo formaciones y opciones políticas nuevas. Máxime si previamente no han podido hacerlo mediante publicidad en televisión o mediante publicidad de cualquier tipo desde el inicio del periodo electoral. En segundo lugar, no pueden contratarse espacios de publicidad electoral en los medios de comunicación de titularidad pública (radio y televisión) ni en las emisoras de televisión privada.

Y, en tercer lugar, si nos atenemos a las normas que regulan la propaganda electoral permitida, las trabas legales hacen imposible llegar al electorado de forma masiva. Así, se prevé en la ley que las formaciones políticas que se presenten a las elecciones contarán gratuitamente con espacios públicos que pondrán a su disposición las administraciones públicas y también espacios audiovisuales en los medios de comunicación públicos. Con respecto a la publicidad exterior que los ayuntamientos ponen a disposición de los partidos gratuitamente tales como farolas para instalar banderolas, pancartas o lugares para colocar carteles, la junta electoral de zona los distribuye atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido en las anteriores elecciones equivalentes en la misma circunscripción. Atribuyéndose según las preferencias de los partidos con mayor número de votos en las últimas elecciones equivalentes en la misma circunscripción. Es decir, que las nuevas formaciones políticas no tienen derecho alguno a utilizar esos espacios. Pero es que además, está prohibido utilizar pancartas o banderolas fuera de estos espacios públicos, con lo que las nuevas formaciones tampoco pueden utilizarlos ni aún pagándolos.

Y con respecto a los espacios gratuitos de de propaganda en las emisoras de televisión y de radio de titularidad pública, única posibilidad subsistente en televisión para las nuevas formaciones, resulta que la distribución de dichos espacios gratuitos se hace, igualmente, atendiendo al número total de votos que obtuvo cada partido, federación o coalición en las anteriores elecciones equivalentes. Si la formación no ha concurrido a las anteriores elecciones, necesitará presentarse como mínimo al 75% de las circunscripciones para tener 10 minutos de televisión nacional, frente a los 45 minutos que tendrán las formaciones que hayan superado el 20% de los votos en las anteriores elecciones. Si no llega a ese 75% no podrá tenerlos a nivel nacional.

El estado también subvenciona el envío directo y personal a los electores de sobres, papeletas y propaganda de los partidos y formaciones, pero las nuevas formaciones o las que no tengan grupo parlamentario, tampoco tienen derecho a ello.

Y para terminar la ley permite realizar publicidad política en la prensa periódica, en las emisoras de radio de titularidad privada y en carteles comerciales con licencia, pero las candidaturas no pueden gastarse en ello más del 20% del presupuesto del limite de gasto electoral. Y ¿de dónde se obtiene el dinero para ese presupuesto? Donaciones y préstamos a parte, de los que nos e conoce públicamente  procedencia,  el estado subvenciona los gastos electorales de las formaciones, dando a cada partido 21.167,64 euros por escaño, además de otras cantidades por cada voto conseguido tanto en el congreso como en el senado. Pero para ello la formación tiene que haber obtenido escaño, con lo que las nuevas formaciones no tienen subvención.

Ante esta situación tan desoladora para que fluyan ideas plurales y nuevas opciones políticas, sólo las tecnologías de la información como medios de masas, se han sustraído a la limitación impuesta a la publicidad política, debido sin duda a que han avanzado más rápido que las leyes que aprueban las mayorías consolidadas y a que tienen un carácter global, difícil de regular.

En conclusión, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es obvio pues que las normas citadas extralimitan y dificultan la expresión de ideas y opiniones de carácter político por medio de la publicidad política y la propaganda electoral. Y opinamos que ello es contrario a la libertad de expresión, que es un derecho fundamental que debe ser respetado por los poderes públicos. Dichas normas limitadoras de la publicidad política impiden que fluyan las ideas y que lleguen masivamente a la opinión pública, de tal manera que alimenten el pluralismo de ideas que es necesario para una sociedad democrática.

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