AC

El 19 de enero de 2013, el diario El país publicó información sobre los sobresueldos del PP.   En dicha información el periódico aseguraba que en la etapa de presidencia de José María Aznar hasta la del actual presidente, Rajoy, y la de los principales dirigentes del partido habían cobrado sobresueldo que ni ellos ni el partido declaraban a la administración.  El diario aseguró que el sistema de los sobresueldos fue ideado por Aznar, ya que no quería cobrar un sueldo demasiado elevado como presidente del PP, y que de esta manera, salió la fórmula de complementar el sueldo oficial con una cantidad mensual para supuestos gastos de representación, pero que no fuera tributada. El diario El País citó como fuente de toda esta información al entorno de los extesoreros del PP.  Es evidente que la publicación de tales informaciones puede perjudicar el honor de las personas que se mencionan, pero sobre todo, vulnera el honor de José María Aznar ya que el diario advierte que fue él quien tuvo la idea de los sobresueldos. Por otra parte, no cabe duda de que tales informaciones son de gran interés para la comunidad porque salpican al principal partido de España y a personas que han ocupado y, algunas de ellas ocupan grandes cargos públicos en la vida del país. De esta manera, queda claro que el hecho adquiere notoriedad pública y por tanto noticiabilidad, pero aún siendo de interés público, ello no excluye al medio de la obligación constitucional de recibir y emitir información veraz. El medio, sí quiere situarse bajo la protección de su derecho a la libertad de información, tiene el deber de comprobar la veracidad de los hechos que expone mediante oportunas averiguaciones y empleando la diligencia del profesional: deber del periodista de contrastar la noticia con fuentes solventes y medios que tenga a su alcance. Así, el diario atribuye la información a fuentes demasiado generales, lo que le coloca en una situación delicada en orden a acreditar su diligencia informativa, y por tanto la veracidad de la información publicada. En conclusión, es preciso señalar que el medio, al no aportar una fuente concreta de información ni datos que aporten mayor veracidad a la acusación sobre que el señor Aznar ideó la práctica de sobresueldos, podría quedar fuera de la protección de su derecho a informar. Esta posible falta de diligencia del medio deberá ponderarse con la relevancia pública de la noticia para crear una opinión pública plural y con los medios con los que cuenta El País para acreditar la veracidad de la noticia, sin olvidar que los protagonistas de la información son políticos y su nivel de protección de derechos quedan menos protegidos.

 

Si te gustó el post, subscríbete a nuestro canal RSS