FAKE NEWS Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Por Javier Lasheras San Martín.

El rápido desarrollo de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación y su amplia propagación y uso entre la población ha supuesto tanto la irrupción de nuevas técnicas comunicativas como la multiplicación del alcance y repercusión de estas y de las ya existentes. Es innegable que el mundo de la comunicación ha cambiado pero en lo básico el marco legal a penas ha variado. Tan sólo determinadas materias como el comercio digital, la protección de datos de carácter personal o la protección de la propiedad intelectual han sufrido una adaptación legal a las TIC, adaptación, que dada la multiplicación de supuestos, resulta en muchos casos insuficiente.

Realmente, las relaciones jurídicas no han cambiado en esencia con las TIC, porque las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación realmente no son más que un nuevo medio por el que se transmiten los mensajes comunicativos, solo que con un mucho mayor alcance y repercusión.

Antes, una noticia de un periódico local que contenía una noticia falsa o un mensaje difamatorio de una persona, tenía un alcance que quedaba reducido a la localidad y al concreto día de edición del periódico. Antes, nadie más que los medios de comunicación escritos, de radio o televisión tenían la posibilidad de comunicar de forma masiva. Sin embargo, hoy en día cualquier mensaje comunicativo en las TIC difundido desde una pequeña localidad por cualquier persona, pertenezca o no a un medio de comunicación convencional, puede llegar a todo el mundo rápidamente y, además, ser permanente, pudiendo accederse a él durante el tiempo.

Cabe preguntarse en consecuencia si la mayor repercusión de la comunicación que propician las TIC, debe suponer un cambio en la perspectiva jurídica o si, por el contrario, las herramientas legales actuales son suficientes en la regulación de la comunicación, no precisándose una nueva regulación.

El espectro de protección del ejercicio de la libertad de expresión es muy amplio. Sabido es que el derecho a la libertad de expresión alcanza en todas las sociedades democráticas una especial relevancia dentro de los derechos fundamentales porque la difusión de opiniones y de ideas fomenta el pluralismo y, por tanto, fortalece la democracia. Cuando la libertad de expresión colisiona con los derechos de las personas que son objeto de la comunicación, los tribunales deciden qué derecho debe preponderar atendiendo a las concretas circunstancias del mensaje, pero tomando como primer criterio ponderativo la máxima importancia que para las sociedades democráticas tiene la libertad de expresión. Ya más concretamente en el ámbito de la libertad de información, los Tribunales únicamente vienen exigiendo para su legalidad, -aunque el mensaje vulnere algún derecho de un tercero-, que la comunicación que transmite un hecho informativo debe ser veraz y de interés para la comunidad. Si el mensaje es falso y vulnera derechos, estos preponderarán sobre el derecho a la libertad de información.

Lo que debe extraerse de ello principalmente, es que los Tribunales sólo actúan si hay colisión de derechos, lo que nos lleva al objeto de análisis de este artículo: ¿Qué ocurre desde el punto de vista jurídico con las noticias falsas que no vulneran derechos de terceros?.

El fenómeno de las “fake” o noticias falsas se ha extendido en las redes, y su irrupción en procesos electorales como el americano ha supuesto que se abra el debate sobre ellas. Los grandes servidores de las TIC no son ajenas a ellas, y Facebook o Google han adoptado medidas tendentes a tratar de eliminar aquellas en las que aprecian una viralidad buscada para fines comerciales o publicitarios de las Webs o perfiles desde las que se propagan.

Pero más allá de la autorregulación de los prestadores de servicios en las TIC que responden más a impulsos éticos que legales, la realidad es que el marco jurídico no aporta una prohibición o una repercusión legal para las fake news.

Como he dicho, la exigencia jurídica de veracidad en la información sólo existe para los casos en que hay colisión de derechos, por lo que no cabe hablar de tal exigencia jurídica cuando no se vulneren derechos fundamentales de terceras personas por medio del mensaje informativo. Por otra parte, la opinión pública no tiene ningún derecho a recibir una concreta información, sino que ese derecho a recibir información se articula más bien como el derecho que tiene la opinión publica a informarse de lo que quiere y a elegir por medio de quien lo hace. Así están las cosas para nuestros Tribunales.

Desde un punto de vista jurídico cabe pues la falsedad en la información. Cabe que cualquiera trasmita información falsa mientras no vulnere derechos. Podría decirse por tanto que la libertad de expresión protege la emisión de noticias e informaciones falsas.

El fenómeno no es nuevo, y antes de que existieran las TIC ya se producía. Se ha reconocido por lo Tribunales que la libertad de expresión ampara incluso a quien discrepa de la existencia de la propia libertad de expresión. Se ha reconocido que ampara a quienes emiten un discurso revisionista de la historia siempre que no suponga un discurso de odio. Tal actitud legal descansa, como he dicho, en la importancia de respetar la libertad ideológica y sus manifestaciones, de fomentar el pluralismo ideológico y, en esencia, de fortalecer con ello la democracia.

Ahora bien, dado que el alcance de los mensajes con las TIC no es el alcance que existía antes de ellas, en un determinado momento, tal y como ocurrió en la campaña electoral americana, o en Cataluña, las fake news tienen un efecto que precisamente se produce sobre la democracia y sus procesos. Es decir, de alguna forma, el marco legal ha permitido y permite la manipulación de la opinión pública, que en ocasiones tiene efectos sobre la propia democracia. La protección de la libertad de expresión actúa pues en estos casos como devoradora de la propia democracia.

Y ahí reside el debate. La solución legal se antoja muy difícil ya que cualquier restricción añadida de la libertad de expresión, no resulta razonable desde un punto de vista democrático. Ahora bien, también es razonable que la democracia se defienda de los ataques contra ella misma.

Siempre que someto el tema a la opinión de mis alumnos me encuentro con que no comprenden que la libertad de expresión permita alterar los hechos históricos a la carta. O que ellos mismos no tengan un derecho reconocido a que se les informe verazmente. Tampoco comprenden que incluso no tengan derecho a que se les informe de todo y no solo de lo que quieren informar los medios. Para los éticos de la comunicación, en especial para los defensores de la perspectiva de la ética discursiva, que es la actualmente imperante, lo que la opinión pública espera de un comunicador es, entre otras cosas, la veracidad en cualquier mensaje comunicativo.

Pero es obvio que en el caso de las fake news no hay dilema ético en el comunicador, ya que existe una evidente intencionalidad manipuladora de la democracia, por lo que tendría que ser el derecho el que lo remediara. Lo razonable es entender que la democracia no puede permitirse devorarse a si misma y que el derecho no puede permanecer inmutable ante los nuevos fenómenos sociales que la atacan.

Si te gustó el post, subscríbete a nuestro canal RSS