Artículo escrito por Lucía Santos Gómez, alumna de Derecho de la Comunicación, del Grado de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge.

En el presente artículo se pretenden mostrar dos casos de caricaturización de personas públicas que fueron tratados con diferentes puntos de vista. En primer lugar, se mostrará un caso que tuvo lugar en Uruguay y el segundo en Zaragoza (España). Así pues, en primer lugar, decir que las medidas tomadas responderían a dos ordenamientos jurídicos diferentes y, por tanto, con una diferente regulación. Sin embargo, se usarán los criterios de ponderación que se aplican en España para determinar qué derecho prevalece sobre cuál, si ganaría el derecho al honor o si, por el contrario, el derecho a la libertad de expresión.

Así pues, el artista Julio de Sosa realizó un cuadro retratando a los senadores Lucía Topolansky y José Mujica como si fueran Adán y Eva. La obra estuvo expuesta en la Galería La Marquería de Arte Diana Saravia, hasta que el 19 de octubre de 2016 llegaron dos policías al local y le pidieron a la dueña que la retirara de la vista del público. El comisario José Suarez, les pidió que mantuvieran fuera de la vista pública el cuadro hasta nuevo aviso. Además, les preguntó por los motivos que llevaron a de Sosa a pintar el cuadro y adjuntó un informe a la jueza de 9º Turno. Sería el Ministerio Público si se trata de un delito de injurias.

La Galería de Saravia es una galería de arte moderno y decidió exponer la obra de Sosa porque le parecía un arte naif, inocente y plasma imágenes de una vida cotidiana desde un punto de vista cómico. Sin embargo, Topolansky y Mujica amenazaron con que se trataba de un delito contra su honor reivindicando un delito de injurias. Topolansky añadió: “Es una pajería todo eso, un tipo que pintó un cuadro nos pintó en bolas, por exhibicionismo. Nosotros pusimos la cosa en manos de un abogado, para que vea qué se puede hacer».

Por otro lado, el artista francés Yann Leto, afincado en Zaragoza, realizó un cuadro en el que aparece Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, desnudo y rodeado de agentes de la Policia Local. La obra Les sociétés fragiles” es una crítica al sistema según el artista: fue sancionado en diciembre de 2016 por un grafiti en una señal (para él lógico y asumible) sin embargo, el problema radica en que la sanción de 5000 euros se asemejaba a las mismas que se pagan por delitos de agresión sexual.

El artista afirmó que este cuadro está pintado con ironía. Considera que Santisteve es inteligente y no tiene nada contra él, pero siendo que representa a un partido como Zaragoza en Común que supone una revolución, seguir con las mismas normas de control policial le parecía una mentira. Es su forma de dar eco a lo que piensa a través de su arte como ciudadano.

Santisteve dijo “máximo respeto al autor. Para él es raro verse en un cuadro, pero no se siente agraviado sino sorprendido por sentimientos contradictorios”. Además, resaltó que «la libertad de los artistas para expresar, interpretar o intervenir en la realidad social es un principio fundamental». «El arte crítico con las relaciones de poder debe ser necesariamente transgresor», ha incidido el alcalde para añadir que la práctica artística le parece «un buen índice para medir la calidad democrática de un país» y por eso tiene «máximo respeto a la libertad creativa del autor».

En primer lugar, la libertad de expresión – en este caso la artística—constituye uno de los pilares esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones básicas para su progreso y para la autorrealización de las personas. A diferencia de los hechos –que pueden ser verdad o mentira—las ideas y creaciones artísticas o científicas no son ni verdad ni mentira, por tanto, no cabe hacer sobre ellas un juicio de veracidad. El artista es quien muestra su visión de la realidad, lo que significa que su creación nace de su percepción, sentimiento o ideología, que puede ser coincidente o no con el mundo real.

Así pues, el artista está amparado por la libertad de expresión y más concretamente por su libertad de creación artística, siempre y cuando no se vulneren derechos fundamentales –el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y la infancia—de personas concretas y no exista discurso de odio como ocurre en cualquier ejercicio de la libertad de expresión. Así pues, observamos dos casos, tanto en el uruguayo como en el español, donde se muestra una clara demostración del derecho a la libertad de expresión. Si bien, cabría determinar si existe la vulneración de alguno de los derechos tales como el derecho al honor, intimidad y propia imagen o, por el contrario, si prevalece el derecho a la libertad de expresión.

En primer lugar, en cuanto si se trata de una vulneración al derecho de la propia imagen. Este derecho supone que solo el individuo puede decidir si su imagen puede ser captada y, posteriormente, difundida públicamente. En ambos casos podemos observar que es una representación a través de las artes gráficas y, por tanto, se trata de una caricatura.

Tal y como dispone el artículo 8 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil de los derechos al honor, intimidad y propia imagen, existen varias excepciones a la intromisión en la propia imagen: “no se producirá intromisión ilegítima cuando la captación o publicación de la imagen sea en actos públicos o en lugares abiertos al público de personas que ocupen cargos públicos o ejerzan una profesión de notoriedad o trascendencia pública. En segundo lugar, la realización y difusión de la caricatura de estas personas de carácter público. Y, por último, cuando la imagen de cualquier tipo de persona aparezca de forma accesoria en informaciones gráficas sobre hechos públicos o de interés público.

En definitiva, los cuadros de ambos artistas encajarían en lo que debe entenderse como una “caricatura usual de una persona de carácter público”, lo que excluiría que hubiera una intromisión en la propia imagen porque se trata de una persona pública.

En cuanto a la obra de Julio de Sosa, esta fue censurada por el gobierno uruguayo, lo que nos haría plantearnos si de verdad está bien planteado el derecho a la libertad de expresión en un país democrático como Uruguay. Ya que, por el contrario, el mismo tipo de obra en Zaragoza no fue ni penado ni tuvo censura judicial con carácter cautelar.

Así pues, en el caso uruguayo, Topolansky afirmaba que se trataba de un delito de injurias. Esto que afirmaba la senadora, supondría que existe una intromisión en el honor. El delito de injurias se entiende como “la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves”. Sin embargo, solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173.

En el caso de Mujica y Topolansky, creo que no se trata de una vulneración de su honor ni hay perjuicio, es solamente una representación gráfica a través de la interpretación del artista sin afán de hacer discurso de odio o exaltación del nudismo. En caso de que Topolansky quisiera afirmar que se está vulnerando su derecho a la intimidad corporal entendido como “que nadie disponga de nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento” quizá podría caber duda sobre si se trata de una vulneración a este derecho. Sin embargo, nuevamente creo que se trata de una caricatura y que no habría que redundar más sobre esta idea.

Y lo mismo ocurriría con el caso de Yann Leto, no hay ninguna vulneración del honor porque no está menoscabando su fama, sino que se trata de una práctica con un contexto de animus iocandi.

En definitiva, ponderando el derecho a la libertad de expresión de ambos artistas con el derecho al honor de Mujica y Topolansky y, por otro lado, de Santisteve, atendiendo al interés público del hecho noticiable y atendiendo al tono humorístico de las obras, estimo que en este caso preponderaría el derecho a la libertad de expresión de ambos artistas.

En el caso de Topolansky me parecen desproporcionadas las medidas que fueron tomadas y en el caso de Santisteve me parece una gran conducta la del alcalde ya que entiende perfectamente que se hizo con un ánimo crítico y sin maldad y sin menoscabar su honor.

Lucía Santos Gómez.

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