Fuente: vanitatis.elconfidencial.com

ARTÍCULO ESCRITO POR CLARA ESTEBAN GEA, alumna de Derecho de la Comunicación de la USJ.

Durante un programa de Crónicas marcianas, emitido en enero de 2004, se realizó un reportaje televisivo sobre la relación sentimental y las vacaciones que pasaron en las Islas Canarias, Álvarez Cascos, el ministro del Gobierno de España en esas fechas, junto a su pareja María Porto y los hijos menores de cada uno de ellos. Un paparazzi tomó imágenes de los mencionados durante su estancia en el hotel de Lanzarote en el que se alojaban, que fueron emitidas en dicho reportaje. Los afectados, Álvarez Cascos y María Porto, demandaron al programa por la vulneración del derecho a su intimidad y propia imagen en este reportaje. En ese momento, el Tribunal Supremo decidió absolver a los responsables de la emisión, el periodista Javier Sardá, Boris Izaguirre y las entidades Gestevisión Telecinco y Gestmusic Edemol, que habían sido condenados tanto por el Juzgado de Primera Instancia como por la Audiencia Provincial de Madrid. Nueve años después, el Tribunal Constitucional, estimó un recurso de amparo presentado por los afectados y decidió, por unanimidad, anular la sentencia del Tribunal Supremo.

En este caso, sí se estaría vulnerando el derecho de un tercero, concretamente el derecho a la intimidad y a la propia imagen de los demandantes, Álvarez Cascos y su pareja. A pesar de la notoriedad pública que tenía el implicado, éste tiene derecho a delimitar por voluntad propia los límites concernientes a su vida personal y familiar, y externos a su actividad política. Además, la captación y publicación de imágenes de su vida íntima por parte de un paparazzi, obtenidas sin consentimiento alguno, constituiría una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad según la Ley Orgánica 1/1982.

El periodista estaría ejerciendo su derecho a la libertad de información, ya que no está dando su opinión, ni usa juicios de valor para referirse a los demandantes. Simplemente está informando sobre una serie de hechos. Sin embargo, aunque se trata de hechos veraces, no serían noticiables. Álvarez Cascos tenía un puesto de relevancia política en ese momento, lo que le convertía en un personaje público. Este tipo de personas están expuestas durante los actos públicos y administrativos de su actividad a la publicidad, por lo que todo lo concerniente a tal actividad y que sea veraz tiene carácter de hecho noticiable, aunque menoscabe su honor. Sin embargo, en este caso, Álvarez Cascos se encontraba de vacaciones junto a su pareja e hijos, dentro de un lugar que no era de dominio público. De esta forma, la información sobre estos hechos (revelación de las relaciones afectivas de los recurrentes) no sería relevante para la comunidad; no es una información que afecte ni al conjunto de los ciudadanos ni a la vida política del país. Simplemente suscitaría la curiosidad ajena, es decir, al no tener trascendencia pública, no estaríamos hablando de un hecho noticiable.

Aunque en un principio el Tribunal Supremo ponderó que el derecho a la libertad de información prevalecía por encima de los derechos a la intimidad y a la propia imagen de los afectados, esto fue revocado por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. La Sala Primera del Supremo afirmaba que las imágenes divulgadas y tomadas durante las vacaciones de los mismos, no vulneraban sus derechos porque el programa en el que se difundieron “no podía descartar la trascendencia de la información para la formación de una opinión pública libre, y por la proyección pública y política de Álvarez Cascos en ese momento”. Por el contrario, el Tribunal Constitucional recalcaba posteriormente que “la captación de imágenes relativas a un personaje público en momentos de su vida de carácter eminentemente particular o privado conlleva la vulneración del derecho aludido (propia imagen), salvo que el acontecimiento revista interés público o la imagen se haya divulgado con su consentimiento”. Por lo tanto, la divulgación de las imágenes de Álvarez Cascos junto a su pareja y respectivos hijos, “constituye una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de los recurrentes que no puede encontrar protección en el derecho a comunicar libremente información veraz”. Además, como ya he comentado, la intromisión en su vida íntima a través de la divulgación de dichas imágenes, constituirían una vulneración de su derecho a la intimidad. En conclusión, primarían los derechos del tercero que se vulneran sobre el ejercicio de las libertades informativas ejercidas.

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