cadenaser.com Fotografia de Alfredo Lizón.

Artículo publicado por Beatriz Murillo Gracia,
alumna de Derecho de la Comunicación de la Facultad de Comunicación de la Universidad San Jorge.

El caso que se presenta sucedió en el año 2014, el periodista Alfonso Rojo, llamó en reiteradas ocasiones “chorizo”, “mangante”, “sinvergüenza” o “gilipollas” a Pablo Iglesias, líder del partido Podemos durante un debate televisivo en La Sexta Noche, en el programa El Cascabel y en su cuenta personal de Twitter. El secretario general de Podemos denunció los hechos, y el Pleno de Sala Primera del Tribunal Supremo finalmente consideró que Alfonso Rojo vulneró el derecho al honor de Pablo Iglesias, y fijó en 6.000 euros la indemnización que el periodista deberá pagar al político.

Estamos claramente ante un caso de vulneración del honor ya que el periodista utiliza expresiones vejatorias injuriando al político. Los términos “chorizo”, “mangante”, “estafador” o “gilipollas” son apelativos que sin duda suponen el menoscabo de su fama y resultan un atentado contra su estima. Palabras como “chorizo” o “mangante” calificadas como insultos hacen referencia a conductas de apropiación de lo ajeno que aunque descansaran en la veracidad de informaciones de las que el periodista le acusa sobre la percepción de fondos de los gobiernos de Venezuela e Irán o su falta de declaración a Hacienda, serían desproporcionadas. Además no sucede una única vez, sino que lo reitera en diferentes ocasiones y programas en medios audiovisuales e incluso en su cuenta personal de Twitter; por ello es por lo que se puede concluir que tiene intención de ofender y vulnerar el honor (Animus Iniurandi).

En ningún caso se está informando de hechos, es por eso que el periodista ejerce más bien la libertad de expresión al no tener el discurso nada de informativo y noticiable, sino más bien consistir en un juicio de valor. Las palabras que utiliza Alfonso Rojo son completamente desproporcionadas e innecesarias en el contexto de un debate en el que se encontraban, donde lo que primaba era un intercambio de opiniones de diferentes grupos. Se considera que el uso de términos insultantes es completamente innecesario incluso para la crítica política, no está justificado por el ejercicio legítimo de la libertad de expresión, que no ampara ningún derecho a insultar, humillar y escarnecer, aun en el caso de que el destinatario del insulto ostente un cargo público.

El artículo 18 de nuestra Constitución reconoce el derecho al honor, que protege frente a atentados a la reputación personal e impide la difusión de expresiones insultantes que provoquen objetivamente el descrédito de una persona. También las expresiones que constituyen una crítica política a un personaje público y a su actuación política están amparadas por otro derecho como es el de la libertad de expresión y los calificativos relativos a aspectos de su personalidad relacionados con su actuación como cargo público, por más que resulten duras o hirientes; pero no lo están las expresiones ofensivas desconectadas de la crítica política que son meros insultos.

La libertad de expresión no es un derecho absoluto y tiene límites es por ello que en la ponderación prima el derecho al honor del político ante los calificativos y expresiones desproporcionados y no vinculados al debate del periodista. Por todos estos motivos en el juicio prevaleció el derecho al honor frente a la libertad de expresión y el periodista fue condenado a indemnizar al líder de la formación morada con 6000 euros, que, si bien parecían descansar en unas muy distintas ideologías entre el periodista y el político, no se consideró que llegaran al hate speech o discurso del odio.

Beatriz Murillo García.

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