ARTÍCULO ESCRITO POR INÉS GARCÍA HERRER, alumna de Derecho de la Comunicación de la USJ

En la noticia publicada por El País, el día 6 de diciembre de 2017, nos encontramos ante una posible vulneración del derecho al olvido, por tanto, del derecho al honor de un autor de un crimen y condenado a “12 años y medio de prisión” e inhabilitado durante ese periodo de tiempo para ejercer su profesión: psicólogo. En la actualidad, se encuentra en régimen de semilibertad, por el cual “solo debe dormir en un centro de reinserción en Madrid”. En la noticia se identifica a la persona con su nombre y con una fotografía.

El Derecho al Olvido protege que las personas puedan “vivir libremente sin cargar con el peso de errores del pasado”. En su concepción original este derecho protege a las personas de la revelación y/o difusión de antecedentes penales cuando haya pasado un tiempo y esté operando la reinserción social.

La noticia ofrecida por El País quedaría amparada por la libertad de información, puesto que narra diversos hechos. Los cuales son veraces, ya que además de estar probados, el periodista muestra diligencia informativa, ya que acude a fuentes primarias y fiables para probar los hechos. Por otro lado, podríamos encontramos ante un hecho noticiable ya que en diversas redes sociales se ha producido una gran polémica, ya que una persona condenada por asesinato esté ejerciendo de psicólogo puede ser altamente noticiable.

Por tanto, nos encontramos ante una confrontación de derechos fundamentales: la libertad de información vs. el derecho al honor (concretamente el derecho al olvido). A la hora de ponderar los derechos habría que aplicar dos criterios de ponderación: la veracidad y el interés público.

La veracidad, como he explicado anteriormente, parece probada. Sin embargo, considero que la información que se ofrece no responde a la mera curiosidad, sino que contribuye a un debate de interés general: ¿debería un psicólogo con antecedentes penales de estas características volver a ejercer su profesión? Sin embargo, este debate podría haberse trasladado de otro modo, sin identificar a una persona en concreto y salvaguardando su derecho al olvido y reinserción social.

Otros datos a tener en cuenta son que nos encontramos ante una persona privada, con el más alto grado de protección ante la vulneración de derechos de la personalidad. También hay que tener en cuenta, la gran repercusión que puede tener la noticia (publicada en uno de los periódicos más leídos de toda España, además de en la web del mismo), lo cual, puede conllevar un problema grave para la reinserción de esta persona en la sociedad.

El País parece escudarse en el hecho de que la sentencia no ha sido cumplida de manera íntegra, ya que menciona varias veces que todavía está en régimen de semilibertad. Sin embargo, bajo mi punto de vista este hecho no debería eximir al medio de comunicación de su responsabilidad. Personalmente, considero que, en este caso, prima el derecho al olvido sobre la libertad de información del medio, puesto que se está dañando la posible reinserción de esta persona en la sociedad, objetivo último de nuestro sistema penitenciario, y aspecto que en gran medida protege el derecho al olvido.

Además, puede verse que en la publicación también se recogen fotografías y nombres de las compañeras de trabajo de la persona objeto de la información, por lo que nos encontramos ante otra posible vulneración de derechos por parte de El País. Considero que, en este caso, salvo consentimiento de dichas personas, se produce una clarísima vulneración del derecho a la propia imagen de las mujeres que aparecen, puesto que se trata de personas privadas. En esta noticia considero que no deberían ser consideradas accesorias a la noticia, ya que se podría haber pixelado la imagen de ellas, además de haber borrado el nombre y profesión de las mismas, y la fotografía podría haber sido entendida del mismo modo. Ello, como he dicho, salvo consentimiento de las mismas.

Es obvio que el debate sobre el derecho al olvido versus información sigue abierto.

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