Varios medios  se han hecho eco de un informe de GREENPEACE sobre la reforma de la Ley de Costas, publicado en su web,  que hace alusión a conflictos de intereses de miembros del PP o personas relacionadas con el PP en dicha reforma. Concretamente, y entre otras personas, en el informe se relaciona al marido de María Dolores de Cospedal con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas impulsada por el PP. Evidentemente, el asunto es de interés publico y las personas que se relacionan en el informe o son políticos o empresarios de primer nivel, por lo que estamos ante hechos de carácter evidentemente noticiable por su interés para la comunidad. En cuanto a la veracidad, el informe cita pormenorizadamente y a pie de página  todas sus fuentes, de lo que se deduce que presenta una información contrastada. La primera cuestión es determinar si hay vulneración de la intimidad, por informar públicamente sobre la relación matrimonial de Cospedal y las participaciones empresariales de su marido. Pero como hemos dicho, se trata de una información altamente noticiable puesto que es un tema de interés para la comunidad tanto por el asunto como por la persona que se ve involucrada,  clasificada como personaje público ya que ocupa un cargo político. Sus barreras de intimidad decrecen notablemente. En segundo lugar, es cuestión  básica  determinar si la afirmación de que existen intereses empresariales de Lopez del Hierro, marido de Cospedal, en la reforma de dicha ley, vulnera el honor de Cospedal y, si de hacerlo, preponderaría la libertad de información o no. Opinamos que el honor podría quedar  vulnerado porque  perjudica el nombre y reputación de la política ya que se sugiere que antepondría intereses familiares a la protección del medio ambiente en la reforma de una ley,  lo que es una atentado grave a su reputación.  Pero es una política que ocupa un cargo relevante publico,  por lo que debe soportar el verse mucho más sometida a la crítica y a la información sobre sus posibles intereses. Por consiguiente, en caso de ser veraces los hechos que se concretan en el informe, en la ponderación debería preponderar el derecho a la libertad de información.  Por otra parte y, con respecto a los medios de comunicación,   se pueden acoger además, al reportaje neutral, siempre que sean meros transmisores de la información e identifiquen la fuente.

 

 

 

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